El pasado mes de enero la compañía de inversiones Obsidian Finance Group denunciaba por difamación a Crystal Cox –en la foto–, una blogger estadounidense especializada en tratar temas de corrupción. Cox había publicado diversos posts críticos con la mencionada firma y también con uno de sus fundadores, el abogado Kevin Padrick, a quien acusaba de haber cometido fraude fiscal y haber sobornado a periodistas y jueces.
Cox, que se define a sí misma como blogger de investigación, escribía en varios sitios, pero ha sido un post concreto el que ha llevado a un juez de la Corte de Portland, Oregón, a dictaminar su culpabilidad y condenarla a pagar 2,5 millones de dólares en concepto de reparación de daños morales y económicos a la firma querellante.
La blogger, que se defendió a sí misma en el juicio, se negó a revelar las fuentes de los hechos y datos que publicó en sus acusaciones contra la compañía inversora, y esto es lo que ha terminado facilitando su condena. Oregón es uno de los 40 estados con leyes que protegen la confidencialidad de las fuentes periodísticas, pero el juez encargado del caso decidió que Cox no tenía derecho a acogerse a la protección de esa ley por no ser una periodista reconocida:
[...] aunque la acusada se proclama “blogger de investigación” y define su labor como “periodística”, el expediente no demuestra que ella pertenezca a ningún diario, revista, periódico, [...] servicio de noticias, servicio de cable, agencia de noticias, estación o cadena radiofónica o sistema de televisión por cable. Por lo tanto, no tiene derecho a la protección de la ley.
Con esta decisión, el juez anulaba la defensa de Cox, que pretendía acogerse a esa ley que protege a los periodistas, y por tanto se quedaba sin poder demostrar que las acusaciones vertidas en sus posts eran verdaderas y no un acto de difamación, como mantenía la compañía querellada contra ella. Y el no querer revelar sus fuentes, por otra parte, anulaba la posibilidad de traspasar la responsabilidad a esas otras personas que le habían proporcionado las informaciones.
La polémica o el debate surgido tras esta decisión judicial se centra en las diferencias existentes entre las legislaciones de esos 40 estados con ley de protección para los periodistas. Mientras la ley de Oregón limita la consideración de “medios de comunicación” a los medios tradicionales, sin mencionar nada relacionado con la Red, en otros estados, como Washington, sí se alude expresamente a Internet o la distribución electrónica como vías de diseminación de información protegidas por la ley.
Para Roy Greenslade, como escribe en su blog en The Guardian, lo fascinante de esa decisión judicial es que sugiere que hay una ley para periodistas y otra para el resto de ciudadanos. Mathew Ingram escribe también sobre este asunto en GigaOM, apuntando la paradoja que supone que dentro de un mismo país, sólo un poco más al norte de donde se celebró el juicio –Oregón y Washington son estados vecinos–, el resultado hubiera sido exactamente el contrario, con la acusada protegida por la ley.
Ingram recuerda también que este debate sobre la inclusión de bloggers y periodistas ciudadanos en la ley que protege al periodismo no es una discusión menor. Como él mismo señala, en las protestas del movimiento Occupy en Nueva York, Los Angeles y otras ciudades, las autoridades han intentado utilizar esa distinción entre periodistas tradicionales y los que no lo son con el fin de controlar la información ciudadana sobre esas concentraciones. Y en otros lugares, como Quebec o Brasil, los gobiernos pretender establecer un carnet de periodista, presumiblemente con ese mismo fin de limitar la capacidad informativa de los ciudadanos.
Hay también, por supuesto, quien cuestiona la legitimidad periodística de Crystal Cox. Por ejemplo, Kashmir Hill, en un artículo en Forbes en el que argumenta su opinión y que cierra con una obviedad como sentencia:
Sí, hay bloggers que son periodistas. Pero sólo porque tengas un blog no significa que lo que haces sea periodismo.
Es cierto. El simple hecho de ser blogger no convierte a nadie en periodista. No siquiera en periodista ciudadano. Pero más allá de esto y de cada caso individual, que deberá estudiarse o juzgarse de manera aislada, el gran debate relacionado con estos asuntos versa sobre el derecho a la libertad de información del que debieran disfrutar todos los ciudadanos y no sólo una élite escogida o autorizada para ello.
No es, por otro lado, una discusión novedosa. Ya en mayo de 2009 escribíamos aquí sobre el debate en Estados Unidos por una “Ley Federal de Protección” que incluya a bloggers y periodistas ciudadanos. Y ese mismo año, Josh Wolf, en entrevista con PeriodismoCiudadano.com, hablaba sobre la libertad de prensa en Estados Unidos y por qué, según su opinión, cualquier ciudadano debe disfrutar, respecto a la información, los mismos derechos que amparan a los periodistas:
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